Venezuela reactivó este miércoles las negociaciones entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición, en un proceso promovido por Estados Unidos. La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, llegó al país para iniciar una ronda de conversaciones con Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento controlado por el oficialismo.
Los primeros contactos abordarán la atención a las víctimas de los recientes terremotos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y las condiciones para garantizar la participación política. El proceso debía comenzar el 1 de agosto, pero en esa fecha se limitó a una conversación telefónica y a la publicación de comunicados por separado. Mientras el oficialismo destacó el componente humanitario del acercamiento, la oposición puso el énfasis en una eventual transición democrática.
La llegada de Figuera permite avanzar hacia conversaciones presenciales. Sin embargo, las partes todavía no han informado sobre un calendario completo, las reglas para adoptar decisiones ni la creación de mecanismos independientes que permitan verificar el cumplimiento de posibles acuerdos. En las negociaciones participarán dirigentes oficialistas y representantes del Gobierno, así como antiguos diputados de Primero Justicia y Voluntad Popular vinculados con la Asamblea Nacional de 2015.
Washington reconoce a ese Parlamento como la última institución legislativa venezolana surgida de unas elecciones legítimas y le atribuye facultades sobre activos del país en el exterior. Esa posición otorga a Figuera capacidad jurídica y financiera dentro de la negociación, aunque no necesariamente la representación de todos los sectores de la oposición.
Una de las principales ausencias es la de María Corina Machado, quien mantiene un liderazgo significativo dentro de la oposición y había recibido el respaldo de la Plataforma Unitaria para encabezar una negociación con el oficialismo.
Su exclusión ha generado dudas entre partidos y dirigentes que consideran que el formato podría limitar la pluralidad de la representación opositora. La aceptación de un eventual acuerdo dependerá, en buena medida, de su capacidad para incorporar las demandas de los sectores que no participan directamente en la mesa.
La agenda institucional contempla la renovación de las autoridades electorales y judiciales, la rehabilitación de partidos políticos, garantías para el ejercicio de las libertades públicas y la celebración de elecciones regionales, parlamentarias y presidenciales.
