Las Fuerzas Armadas de Pakistán rechazaron este viernes como infundado el balance de una misión de Naciones Unidas que documentó casi 500 civiles muertos y más de 1,000 heridos en Afganistán durante enfrentamientos y operaciones transfronterizas entre octubre y junio. El portavoz militar, teniente general Ahmad Sharif Chaudhry, afirmó que los ataques paquistaníes se dirigieron exclusivamente contra refugios e infraestructura del Tehrik-e-Taliban Pakistan, conocido como TTP. La controversia traslada la guerra fronteriza al terreno de la credibilidad, el derecho humanitario y la rendición de cuentas.
La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán registró 499 muertos y 1,216 heridos civiles dentro del territorio afgano. Pakistán sostiene que los fallecidos en sus operaciones eran combatientes y que la fuerza fue utilizada en defensa propia para proteger a su población de atentados organizados desde el país vecino. Las dos versiones no solo difieren en cifras, sino en la caracterización de los objetivos. Determinar si eran instalaciones militares, espacios civiles o sitios de uso mixto resulta esencial para evaluar legalidad, proporcionalidad y precauciones.
Chaudhry cuestionó la metodología de la ONU y de Amnistía Internacional, argumentando que dependen de testimonios recogidos en un entorno afgano con fuertes restricciones a la libertad de expresión. También acusó a las organizaciones internacionales de aplicar un doble criterio y de no prestar suficiente atención a las víctimas de ataques dentro de Pakistán. Esa crítica intenta desplazar el foco desde cada bombardeo hacia la amenaza que Islamabad atribuye al TTP, pero no sustituye la necesidad de aportar evidencia verificable sobre selección de blancos y resultados.
Pakistán acusa desde hace años al Gobierno talibán afgano de permitir santuarios para militantes que atacan su territorio. Kabul niega ofrecer refugio y presenta las incursiones paquistaníes como violaciones de soberanía. El TTP es una organización distinta de los talibanes afganos, aunque mantiene afinidades y vínculos históricos con ellos. Esa relación crea una zona gris diplomática: Islamabad exige que las autoridades de facto controlen grupos armados, mientras Kabul reclama que Pakistán no convierta esa exigencia en autorización para operar militarmente al otro lado de la frontera.
La confrontación se intensificó en febrero, cuando fuerzas afganas realizaron una incursión en respuesta a ataques aéreos paquistaníes, y luego Islamabad declaró que existía una guerra abierta. Desde entonces, el intercambio de fuego, los bombardeos y las acusaciones mutuas han reducido el espacio para mecanismos fronterizos. La inestabilidad afecta comunidades vinculadas por comercio, parentesco y movilidad histórica, y complica el retorno de refugiados afganos desde Pakistán. Cada cierre o escalada militar tiene consecuencias económicas y humanitarias mucho más amplias que el área de combate.
La ONU enfrenta sus propias limitaciones. Su mandato le permite documentar incidentes dentro de Afganistán, pero no ofrece un balance equivalente de víctimas en territorio paquistaní. Esa asimetría puede alimentar la percepción de Islamabad de que su sufrimiento queda fuera del registro, aunque no invalida automáticamente los hallazgos afganos. Una respuesta más completa requeriría cooperación de ambos países, acceso a lugares afectados, datos médicos, imágenes, información de vuelo y entrevistas protegidas. Sin esa apertura, el debate seguirá dominado por afirmaciones incompatibles.
La disputa también involucra a actores regionales. China, los países de Asia Central y las potencias del Golfo tienen interés en evitar que el corredor afgano-paquistaní se convierta en una fuente mayor de militancia, desplazamiento y disrupción comercial. Ningún socio puede ignorar las preocupaciones de seguridad paquistaníes, pero respaldar operaciones sin escrutinio debilitaría las normas de protección civil. La mediación útil tendría que combinar compromisos verificables de Kabul contra el TTP con límites claros al uso transfronterizo de la fuerza por Islamabad.
El siguiente paso no debería ser una competencia de comunicados, sino un mecanismo aceptado de verificación. Pakistán puede fortalecer su posición publicando criterios de selección de objetivos y facilitando investigaciones donde existan denuncias creíbles. Las autoridades afganas deben permitir acceso seguro y evitar que grupos armados usen zonas civiles. Naciones Unidas, por su parte, necesita explicar metodología y límites con transparencia. Mientras esas condiciones no existan, las cifras seguirán siendo disputadas, las víctimas permanecerán en el centro de una batalla narrativa y la frontera conservará un alto riesgo de nueva escalada.
