Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pontificia de Santo Domingo. Sigue siendo un operativo del Partido Republicano en los EE. UU., donde se desempeñó tanto en las campañas de Trump como en el equipo de transición de 2016/17 en un papel sustantivo en política exterior.
El Listín Diario publicó de la pluma de Melvin Mañón un artículo argumentando en pro de la creación de un Ministerio de Asuntos Haitianos. Haciendo la salvedad de que pudiera ser una sátira bien lograda – por las razones abajo expuestas – no es una política viable, deseable ni acertada en su conceptualización de los objetivos y metas del interés nacional Dominicano.
Empezamos con lo básico: un ministerio implica ministro, una empleomanía administrativa sin funciones de sustancia (además de los sustanciosos), su respectivo comité en las cámaras legislativas con agenda permanente, contrataciones públicas… todo el ajuar de seguimiento estatal a los menesteres de un objetivo mal definido y de debatible aporte a la causa nacional.
En materia de ordenamiento legal o constitucional, lo propuesto en tal artículo requeriría restarles las funciones existentes a instituciones existentes – o lo que es peor, duplicarlas – en ambos casos llevando a la bien conocida inercia fruto de dejar desperdigada la responsabilidad . Defender el suelo patrio es la función del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor, quienes han garantizado la independencia nacional desde la restauración hasta el presente. De igual manera, funciones como darle seguimiento a la deuda (histórica) de Francia con Puerto Príncipe, buscar la inclusión de representantes de nuestro vecino en instancias internacionales, e incluso la restauración de la paz y el orden en el territorio haitiano son todas funciones de índole soberanas que ni han sido cedidas a Santo Domingo por nuestro vecino – ni hay quien las ceda con ninguna legitimidad.
Asumir tales tareas sería un desliz histórico en la línea de consenso dominicano: No hay solución dominicana al problema haitiano. Intentar proveer gobernanza sobre esas o cualquieras instancias del estado haitiano sería sacrificar el logro a largo plazo de esa política: evitar que se le imponga a Santo Domingo la responsabilidad sobre ciudadanos extranjeros, incompatible con la independencia y la restauración además del impulso liberal de liberación nacional anti-imperialista para la que nuestra República será siempre un monumento – mientras preserve su esencia nacional.
La regla de Colin Powell – “Pottery barn rules”: You break it you buy it – nos dejaría expuestos a cualquier percance frente a la comunidad internacional sobre el que nos responsabilizarían. Por esto y más razones, las fuerzas castrenses deben defender la frontera y solamente la frontera: ni un metro del otro lado del muro es responsabilidad dominicana.
Salvables de la propuesta sí cabe darle justa mesura a alguna buena idea. Coordinar fondos de asistencia al desarrollo y humanitarios pudiera ser asumidos por el MEPyD y su DIGECOOM, quien mantiene su postura de receptor de ayudas a pesar de la graduación en 2011 de la República Dominicana a país de “medio-alto ingreso”, a partir de la cual se supone que países receptores de ayudas se han de convertir en emisores de fondos para aportar a la paz y seguridad internacional, el desarrollo humano y el florecimiento de la raza humana en general.
Otro aporte del que no queremos diferir es la canalización de materias consulares, en particular los visados. Prestarse como puente para la repatriación de haitianos en situaciones irregulares fuera de la isla sería un aporte franco al sistema internacional del cual RD es miembro fundador. Conformar – de aquel lado de la frontera – un campamento de refugiados repatriados del resto del mundo es una forma de proveer un ancla de estabilidad en ese mar de caos conocido como la República de Haití. La conocida propuesta de los industriales fronterizos – amparados en la exención fiscal dedicada al desarrollo de la frontera – de otorgarse la potestad de conceder estatus legal a partir de sus ofertas de empleo pudiera ser considerada más razonablemente ahora que el muro fronterizo promete garantizar la seguridad de que no están pasando más irregulares que deslealmente compiten con los salarios de la economía formal.
Pero cabe subrayar el argumento maximalista en contra del fusionismo: Dos naciones, dos pueblos hermanos, dos constituciones… Si ha de imperar Santo Domingo como capital de la isla entera, terminarán los derechos adquiridos del estado social dominicano siendo extendidos a otras 12 millones de almas – la provisión de salud, educación, seguridad y demás servicios de gobernanza – cambiaría radicalmente el balance de recursos con los que la República puede contar. En todo caso, un tercer estado – la división norte/sur de Haití, con su precedente histórico – pudiera ser una mejor solución para emancipar del mal gobierno de Puerto Príncipe parte de ese pueblo flagelado.
Por evitar la provisión de todos los derechos codificados en la carta de las Naciones Unidas, Inglaterra soltó a la India y Bélgica el Congo – nunca iban a permitir que se drenara la riqueza imperial para proveerle seguro dental a los habitantes de Katanga (Congo) ni Londres iba a permitir que sus elecciones fuesen decididas en Kolkata (India).
Igual aquí: desde 1844, nunca ha podido haber solución dominicana a los problemas haitianos, ni la va a haber.
